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  • Se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir de 2020

    Se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir de 2020

    La publicación en el «Diario Oficial de la Unión Europea», de fecha 31 de octubre de 2019, de los Reglamentos Delegados (UE) de la Comisión 2019/1827, 2019/1828, 2019/1829 y 2019/1830, de 30 de octubre de 2019, por los que se modifican respectivamente las Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE y 2009/81/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que concierne a sus umbrales de aplicación en materia de adjudicación de contratos, aconseja, sin perjuicio de la aplicación directa de tales Reglamentos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la promulgación de esta orden con la finalidad de permitir el general conocimiento de los umbrales que, por modificación de los establecidos en las citadas Directivas, han de aplicarse a partir del 1 de enero de 2020 respecto de los contratos afectados por las mismas, evitando de tal forma que se susciten posibles causas de infracción de las Directivas, especialmente en cuanto se refiere a la aplicación de fondos comunitarios para la financiación de los correspondientes contratos.

    Procede, por tanto, incorporar a la legislación española los límites fijados, a partir del 1 de enero de 2020, por la Comisión Europea y señalar las cifras que deben de figurar en los respectivos preceptos de la Ley de Contratos del Sector Público.

    Artículo único. Modificación de umbrales a efectos de aplicación de los procedimientos de contratación.

    A partir del 1 de enero de 2020 las cifras que figuran en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de adjudicación de los contratos en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y en la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad, en los artículos que se expresan a continuación, deben ser sustituidas por las que determinan los Reglamentos Delegados (UE) números 2019/1827, 2019/1828, 2019/1829, 2019/1830 de la Comisión, de 30 de octubre de 2019, por los que se modifican las Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE y 2009/81/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que concierne a sus umbrales de aplicación en materia de procedimientos de adjudicación de contratos, en los siguientes términos:

    1. Respecto de la Ley 9/2017: 
      a) La cifra de 5.548 000 euros por la de 5.350.000 euros, en los artículos 20.1; 23.1.a) y 318 b).
      b) La cifra de 221.000 euros por la de 214.000 euros, en los artículos 21.1.b); 22.1.b); 23.1.b) y 318 b).
      c) La cifra de 144.000 euros por la de 139.000 euros en los artículos 21.1.a) y 22.1.a).

    2. Respecto de la Ley 31/2007: 
      a) La cifra de 5.548 000 euros por la de 5.350.000 euros en el artículo 16, letra b).
      b) La cifra de 443.000 euros por la de 428.000 euros, en los artículos 16.a) y 95.1.

    3. Respecto de la Ley 24/2011: 
      a) La cifra de 5.548 000 euros por la de 5.350.000 euros en el artículo 5, letra b).
      b) La cifra de 443.000 euros por la de 428.000 euros, en el artículo 5, letra a).

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  • Se regula la gestión colectiva de contrataciones en origen para 2020

    Se regula la gestión colectiva de contrataciones en origen para 2020

    En 2018 se aprobó la Orden TMS/1426/2018, de 26 de diciembre, por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones en origen para 2019. Una nueva orden de gestión colectiva de contrataciones en origen con la que se superaron las limitaciones que, desde el año 2012, se habían impuesto a este instrumento. De esta forma, durante 2019 la orden ha regulado las particularidades procedimentales de la contratación temporal de trabajadores, sin encontrarse limitada a actividades de temporada para campañas agrícolas, y ha posibilitado el desarrollo de un proyecto piloto de visados de búsqueda de empleo para hijos o nietos de español de origen con Argentina.

    En relación con la contratación de trabajadores de temporada ,y pese a que no se encuentra limitada a campañas agrícolas, su utilización en dicho sector y, especialmente con Marruecos, se ha consolidado como una buena práctica de migración circular, que teniendo en consideración las necesidades del mercado de trabajo tanto del país de origen como del país de destino, favorece el impacto positivo de la política migratoria al que aluden tanto la Agenda 2030 como el Pacto Global de Migraciones y la Agenda Europea de Migración.

    Por lo que respecta al proyecto piloto de visados de búsqueda de empleo, en línea con los compromisos internacionales, ha permitido impulsar una fórmula para la ordenación de los flujos migratorios en la que la administración favorece y facilita el encuentro entre oferta y demanda de trabajo internacional.

    Ambos casos sirven de ejemplo para confirmar que la articulación de vías de migración legal contribuye, desde una dimensión externa, a una mejor relación de cooperación con terceros países, abriendo vías de diálogo. Y, desde una dimensión interna, satisface las necesidades del mercado de trabajo nacional. Un mercado de trabajo que muestra en determinados sectores específicos, la existencia del repunte de necesidades no cubiertas a corto plazo, y que, en el medio y largo plazo, se verá afectado por la pérdida de población en edad de trabajar, tendencia común a otros países europeos, así como por los desafíos asociados a los cambios tecnológicos.

    En base a ello, tras las consultas realizadas a las comunidades autónomas y una vez recibida la información del Servicio Público de Empleo Estatal sobre la situación nacional de empleo, se considera conveniente no aprobar contrataciones de puestos de trabajo de carácter estable en la presente orden.

    Sin embargo, en atención a la información recibida en las citadas consultas, sí se estima procedente aprobar la presente orden que prevé la concesión de visados para búsqueda de empleo, dirigidos a hijos y nietos de español de origen y que regula las particularidades del procedimiento de contratación de trabajadores de temporada o por obra o servicio para 2020, para los diferentes sectores y preferentemente en relación con los países con los que España hubiese firmado un acuerdo de regulación de flujos  migratorios.

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  • CEPYME Aragón pide legislar por y para la pyme

    CEPYME Aragón pide legislar por y para la pyme

    El paro registrado en Aragón en el mes de diciembre ha bajado en 367 respecto al mes de noviembre, lo que supone un descenso del 0,56%. Así, la cifra total de desempleados en la Comunidad es de 64.856. Por provincias, Huesca ha registrado la mayor bajada con un 4,24% de variación mensual, que se traduce en 367 personas menos. Seguida de Teruel con un decrecimiento del 1,66%, que supone 95 personas menos, y Zaragoza que, por el contrario, ha registrado una subida del 0,19%, que se traduce en 95 desempleados más.

    Estas cifras sitúan a Aragón entre las Comunidades en la que menos ha bajado el paro respecto al mes anterior, aunque en variación anual es la séptima Comunidad en la que más ha bajado el desempleo, con un 2% menos respecto al mes de diciembre de 2018.

    El presidente de CEPYME Aragón, Aurelio López de Hita, ha señalado que “diciembre suele ser un mes de bajada debido a la campaña de Navidad, aunque cabe destacar que el descenso ha sido muy ligero si lo comparamos con otras Comunidades. 2019 ha sido un año de altibajos ya que los primeros meses registraron bajadas importantes, pero desde los meses de verano las cifras han sido de subida constatando la ralentización de la economía aragonesa de la que tanto estamos hablando últimamente”.

    CEPYME Aragón recuerda que el 99,9% del tejido empresarial aragonés está formado por PYMES y autónomos de los que el 95,43% son empresas con menos de 10 trabajadores. Asimismo, son las PYMES y los autónomos los que crean 7 de cada 10 empleos generados en nuestra Comunidad.

    Arrancamos nuevo año con ciertas incertidumbres que pueden tener una repercusión económica importante”, ha asegurado López de Hita, “insistimos que hay que trabajar para generar empleo en sectores estructurales como la industria o la construcción ya que son éstos los que dan estabilidad a la economía. Vivimos en un país de pymes por lo que es imprescindible legislar por y para la pyme.

  • Aprobados los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2020

    Aprobados los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2020

    Publicado en el BOA del 31 de diciembre de 2019 los presupuestos de la CA de Aragón para el ejercicio 2020 el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón se elaboran – manifiesta en la exposición de motivos –  cumpliendo con el objetivo de estabilidad presupuestaria y deuda pública fijado para la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2020 conforme a los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se establece un límite del déficit del 0,0% sobre el PIB, mientras que el objetivo de deuda se fija en el 22,4% y el límite de gasto no financiero para el ejercicio 2020, que asciende a 5.583.722.164,70 euros y que fue aprobado por las Cortes de Aragón con fecha 24 de octubre

    El endeudamiento de la Comunidad Autónoma cumplirá con el objetivo de deuda marcado, y además, la Comunidad Autónoma tiene previsto continuar adherida en 2020 al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas.

    En el ejercicio 2020, las previsiones de crecimiento reflejan que se seguirá consolidando la fase de crecimiento económico de la comunidad, aunque a menor ritmo, en consonancia con la tendencia a la ralentización esperada en el panorama global y nacional.

    De este modo, teniendo en cuenta el crecimiento real previsto del 1,98% y la evolución esperada para el deflactor del PIB que se situaría en el 1,8%, la economía aragonesa registraría en 2020 un crecimiento del PIB del 3,73%, en términos corrientes, con lo que el PIB nominal de la Comunidad Autónoma se situaría por encima de los 40.500 millones de euros.

    El texto normativo se estructura en siete títulos, treinta y siete disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias y tres disposiciones finales. Los títulos, a su vez, se desarrollan en cincuenta y cuatro artículos. Los principales contenidos de esta estructura son los siguientes.

    En el Título I se recoge el contenido necesario y esencial de toda Ley de presupuestos, por cuanto se incluyen la totalidad de ingresos y gastos del sector público de la Comunidad Autónoma, al igual que otros aspectos que influyen en su cómputo, como son los beneficios fiscales y la actualización de las tasas.

    En el Título II, dedicado a los créditos y sus modificaciones, se relaciona la vinculación de los créditos, así como, de manera singular, los créditos que tienen el carácter de ampliables, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 del texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma, y se especifican algunas modificaciones requeridas para una flexible y eficiente gestión, en especial con referencia a aquellos créditos que están financiados total o parcialmente por otras Administraciones públicas.

    En el Título III se contienen ciertas reglas en Orden a una adecuada disciplina presupuestaria, al requerirse que todo proyecto normativo cuya aplicación pueda comportar incremento de gasto o de efectivos, se acompañe de una memoria en que se detallen las repercusiones económicas y la forma en que se financiarán. En este mismo sentido, se incide también en la gestión de los créditos finalistas y cofinanciados, con la suficiente flexibilidad, en Orden a la correcta aplicación y justificación de los mismos, así como la autorización para adquirir compromisos de ejercicios futuros.

    El Título IV consta de dos capítulos. El primero regula las normas básicas en materia de gastos de personal, las retribuciones de los miembros del Gobierno de Aragón y otros cargos de dirección, confianza y asesoramiento, las retribuciones del personal funcionario y laboral, así como previsiones específicas respecto al personal estatutario sanitario, docente no universitario, personal al servicio de la Administración de Justicia, unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma de Aragón, personal al servicio del sector público y personal sanitario en formación por el sistema de residencia.

    Se establece que las retribuciones no experimentarán incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2019, si bien se adecuarán a las previsiones que en relación con las mismas establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2020.

    Insistiendo en la gestión eficiente y responsable, otras disposiciones en materia de personal incluidas en el Capítulo II se refieren a las limitaciones establecidas al aumento de los gastos de personal y a la prohibición sobre la percepción de ingresos atípicos; también se mantienen las restricciones a la contratación de personal laboral temporal y al nombramiento de funcionarios interinos, atribuyendo a ésta un carácter rigurosamente excepcional y vinculándola a necesidades urgentes e inaplazables.

    El Título V está dedicado a las transferencias a entidades locales y actuaciones de política territorial, conteniendo cuatro capítulos para cada una de las siguientes materias: Fondo Local, Fondo de Cohesión Territorial, transferencias a las administraciones comarcales y Fondo de Compensación a ayuntamientos incluidos en áreas de Espacios Naturales Protegidos.

    El Título VI, relativo a las operaciones financieras, contiene la autorización de la cuantía máxima para realizar operaciones de endeudamiento. Contiene también un artículo relativo al otorgamiento de avales y garantías, fijando sus características básicas y el límite de riesgo.

    El Título VII regula la información que el Gobierno debe proporcionar a las Cortes no solo en materia presupuestaria, sino también financiera, sobre subvenciones y ayudas, sobre fondos y planes especializados, sobre personal al servicio del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón, sobre contratación pública y sobre gasto en difusión y medios de comunicación, así como la obligación de transparencia.

    El contenido de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2020 se completa con diversas disposiciones adicionales, transitorias y finales en las que se recogen preceptos de índole muy variada.

    Entre ellas, cabe destacar la disposición adicional segunda, relativa a las normas a las que ha de ajustarse la concesión de subvenciones.

    La disposición adicional tercera hace referencia a la subsidiación de intereses a empresas.

    Las disposiciones adicionales cuarta, quinta y octava regulan el Fondo de Acción Social en favor del personal y el Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria.

    En otras disposiciones adicionales se fija el Ingreso Aragonés de Inserción, se recoge el Fondo de Solidaridad con los países más desfavorecidos, así como las reservas sociales de contratos.

    Por otra parte, en las disposiciones adicionales vigésima a vigesimocuarta, se regula la contratación de personal indefinido y temporal de las entidades de derecho público, sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios del sector público autonómico, así como se dan instrucciones para la selección del personal de las entidades del sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón.

    Los reconocimientos del componente singular de perfeccionamiento profesional del complemento específico y el reconocimiento del complemento singular transitorio del complemento específico en concepto de “anticipo a cuenta de Desarrollo Profesional”, para personal funcionario interino y personal laboral temporal de la Administración General, se recoge en las disposiciones adicionales vigesimoquinta y vigesimosexta.

    La disposición adicional vigesimonovena recoge el procedimiento para la compensación a las universidades de los gastos de matrícula de los alumnos beneficiarios de las becas y ayudas al estudio concedidas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, y no financiada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y la disposición adicional trigésima exige que, para la construcción de nuevas infraestructuras, los expedientes de contratación incluyan un estudio económico en el que se indiquen y concreten los costes de mantenimiento de dicha infraestructura una vez se ponga en uso.

    La disposición adicional trigésima séptima, recoge la incorporación de un nuevo anexo a la Ley donde figuran los importes de cada uno de los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible, definidos en la Agenda 2030.

    Se cierra la Ley con cuatro disposiciones transitorias y tres disposiciones finales.

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  • Aprobadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social

    Aprobadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social

    Con el carácter propio de urgencia que connota el uso de la forma del Real Decreto Ley, se publican medidas de carácter tributario, catastral y en materia de seguridad social.
     

    Medidas en materia tributaria y catastral

     

    • Método de estimación objetiva IRPF y régimen simplificado del IVA

    Se prorrogan para el período impositivo 2020 los límites cuantitativos que delimitan en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas el ámbito de aplicación del método de estimación objetiva para las actividades económicas incluidas en el ámbito de aplicación del método, con excepción de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, que tienen su propio límite cuantitativo por volumen de ingresos y, como consecuencia de la prórroga que se introduce en los límites excluyentes del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido, se fija, mediante la pertinente disposición transitoria, un nuevo plazo para presentar las renuncias o revocaciones a los citados métodos y regímenes especiales.

    • Impuesto sobre el Patrimonio

    A pesar de lo indicado en el Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal, y que recuperaba el gravamen de dicho impuesto de forma transitoria, solo para los años 2011 y 2012, se prorroga nuevamente su exigencia y aplicabilidad y se extiende el mantenimiento del gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio al ejercicio 2020.

    • Coeficientes de actualización de valores catastrales

    El real decreto-ley también incluye la aprobación de los coeficientes de actualización de los valores catastrales de inmuebles urbanos para 2020 en los términos del artículo 32.2 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, que prevé dicha actualización en determinados supuestos mediante la incorporación de la medida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año. Como quiera que la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2020 no va a tener lugar en el calendario ordinario, y dado que se trata de una medida que tiene una repercusión inmediata en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que se devenga el 1 de enero de cada año natural, resulta obligada la utilización de un real decreto-ley para que entre en vigor antes de la finalización del presente ejercicio.

    • Sistema de trazabilidad para labores de tabaco

    La Directiva 2014/40/UE, del Parlamento y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los productos relacionados y por la que se deroga la Directiva 2001/37/CE, prevé la implantación de un sistema que permitirá el seguimiento y rastreo de cada unidad de los productos de tabaco en la Unión Europea, facilitando el control de toda la cadena de suministro, desde la fabricación o importación hasta la venta al consumidor, pasando por la distribución y almacenaje, el control de las máquinas e instalaciones utilizadas o las rutas de envío, imponiendo obligaciones a los operadores y a los Estados miembros.

    Por su parte, el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/574, de la Comisión, de 15 de diciembre de 2017, relativo a las normas técnicas para el establecimiento y el funcionamiento de un sistema de trazabilidad para los productos del tabaco, habilita a la entidad emisora a cobrar la generación y la emisión de identificadores únicos a los operadores económicos, sin que hasta la fecha se haya aprobado el instrumento habilitante necesario para este cobro. Es por ello, que, ante la necesidad de seguir cumpliendo con la normativa comunitaria, así como con las funciones propias atribuidas a la entidad emisora de los identificadores únicos, es de extraordinaria y urgente necesidad proceder a regular en el presente real decreto-ley, sin perjuicio de su posterior desarrollo, la prestación patrimonial de carácter público no tributaria por la prestación del servicio de generación y emisión de identificadores únicos para los productos del tabaco.
     

    Medidas en materia de seguridad social

     

    • Suspensión de la revalorización de pensiones

    Sin renunciar a futuros incrementos, pero basándose en el carácter de “en funciones” del actual Ejecutivo, y la previsible no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en el plazo habitual, se acuerda la suspensión de la aplicación del artículo 58 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y del artículo 27 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, que preveía una subida mínima del 0,25 por ciento.

    • Prórroga de bases y tipos de cotización

    Con la misma argumentación, se acuerda prorrogar algunas de las medidas adoptadas en el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, en materia de bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, que garantice su aplicabilidad a partir del 1 de enero de 2020, dado el carácter temporal que tenía esta norma, circunscrita al año 2019. Por ello, se acuerda el mantenimiento de determinadas normas de cotización previstas en los artículos 3 a 9 de ese texto legal, relativos a los topes y bases máximas de cotización del sistema de Seguridad Social, a la cotización de los sistemas especiales de empleados de hogar y los de los trabajadores agrarios por cuenta ajena y propia, a las bases y tipos de cotización del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, a la cotización en el sistema especial para manipulado y empaquetado del tomate fresco con destino a la exportación, así como la prolongación de la suspensión del sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales debidas a la disminución de la siniestralidad laboral.

    • Prórroga del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)

    Este real decreto-ley incluye, igualmente, una disposición mediante la cual, hasta tanto se apruebe el real decreto por el que se fija el salario mínimo interprofesional para el año 2020 en el marco del diálogo social, en los términos establecidos en aquél, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, se prorrogan los efectos del Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019.

    Dado que el citado Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, dejará de producir efectos el próximo 31 de diciembre, concurren razones de extraordinaria y urgente necesidad, que hacen ineludible mantener su vigencia a partir del 1 de enero de 2020.

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