La actual crisis sanitaria ha demostrado la desprotección del colectivo de autónomos, un colectivo que, con una actividad laboral igual a la de un trabajador, no tiene acceso a las mismas prestaciones sociales y laborales que él por culpa de la obligación legal de cotizar a la Seguridad Social en un régimen diferente al general.
El 64,5% de los autónomos sin empleados son autónomos societarios, a los que la ley obliga a cotizar en el RETA por su condición de administradores y socios mayoritarios, en la mayoría de los casos de sociedades familiares. Cuando se habla de autónomo, parece que se habla de una tipología especial de empresario, equidistante entre el concepto tradicional de empresario y el de trabajador y, sin embargo, nada más lejos de la realidad ya que su labor diaria es la misma que la de cualquiera de sus trabajadores o mayor. La única diferencia es el sistema de cotización a la Seguridad Social.
CEPYME Aragón considera que es necesario clarificar la actividad de empresario y trabajador y encuadrar al autónomo donde le corresponde: en el régimen general de la Seguridad Social como cualquier trabajador, que lo es, y en el de responsable empresarial, que también lo es, separando la actividad laboral de la propiedad de la empresa. Por ello, la organización empresarial propone la supresión del RETA. Hay que terminar con la discusión de la figura del autónomo, con los falsos autónomos y con la diferenciación entre profesional y societario.
Una de las principales diferencias con el Régimen General, al que se acogen los trabajadores por cuenta ajena, es que en el RETA es el propio autónomo el que elige la base por la que cotiza, mientras que en Régimen General la base se ajusta al nivel de ingresos del trabajador. Una situación que, al optar mayoritariamente por la base mínima de cotización (el 86% de los autónomos cotizan por la base mínima), hace que las prestaciones futuras, especialmente la de pensión por jubilación, cese de actividad o desempleo, sean mucho más bajas que en el Régimen General.
Otro de los puntos clave que demuestran el agravio comparativo es la formación, ya que la aportación que realiza el trabajador por cuenta propia para formación continua y reciclaje profesional no le da acceso a la formación bonificada. Por el momento, solo los trabajadores que cotizan al Régimen General pueden realizar los cursos disponibles. Está contemplada la puesta en marcha de una normativa que regule el acceso a esta formación por parte del autónomo, pero aún no hay ninguna norma establecida. Una situación a destacar teniendo en cuenta el mundo tan cambiante que vivimos y la importancia de estar actualizado.
Por otro lado, CEPYME Aragón pone en duda la viabilidad del sistema pues en 2018 la Seguridad Social destinó algo más de 19.200 millones de euros en pensiones de autónomos, pero apenas ingresó 11.800 millones por cotizaciones. Esto significa un déficit de algo más de 7.400 millones de euros, casi un 40% del déficit global, con apenas el 15% de los cotizantes.
El desempeño de actividades laborales similares debe conllevar cotizaciones, derechos y obligaciones similares, por eso CEPYME Aragón considera que, por el bien de los miles de autónomos que forman nuestro tejido empresarial, es necesario suprimir el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.